Emprendimiento productivo en una zona de conservación

Ángela María Montoya 100%

Daniela Zuluaga 100%

Emprendimiento productivo en una zona de conservación

Bahía Málaga es una región ubicada en el pacífico colombiano la cual pertenece administrativamente al municipio de Buenaventura, en el Departamento del Valle del Cauca. Comprende una gran riqueza ecosistémica donde alberga una inmensa diversidad de especies de fauna y flora. Su población oscila entre los 4000 y 5000 habitantes en su mayor parte compuesta por afrocolombianos, los cuales desde su llegada a la región presentaban formas organizativas fundamentadas en la solidaridad y el trabajo conjunto de toda la comunidad[1]. Estas se asentaron en la región sin ningún derecho formal de propiedad y hasta la constitución de 1991 era considerado para el gobierno de la época como una reserva de territorios baldíos[2] ignorando así la presencia de sus habitantes. Asimismo “se encontraba bajo un régimen de acceso abierto, donde cualquier persona podía entrar a explotar recursos de la región sin consentimiento de sus habitantes” (Vélez, 2009).

Sin embargo, a partir de la constitución de 1991 por medio del artículo transitorio 55 se da el reconocimiento oficial de la nación colombiana como multiétnica y pluricutural[3]. En éste, se promete la expedición de una ley que le reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas demarcadas; éste reconocimiento se da a partir de un movimiento social generado por las mismas. Igualmente, en éste se señala la necesidad del establecimiento de mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades para el fomento de su desarrollo económico y social. De esta manera, con el desarrollo y la aprobación de este artículo transitorio se establece la ley 70 de 1993 la cual tiene como objeto “reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva”[4] y el establecimiento de mecanismos para la protección de identidad cultural que permitirán igualdad de condiciones frente al resto de la sociedad colombiana.

Es así como se da el reconocimiento a la propiedad colectiva en esta región donde según el artículo 5 de la misma ley, “cada comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el gobierno nacional”. Sin embargo dentro de éste, las adjudicaciones colectivas, no comprenden, entre otros dominios, las áreas reservadas para la defensa nacional y el área del sistema de parques nacionales. No obstante, La ley 70 deja clara la organización de los consejos comunitarios los cuales deben tener una asamblea general, la junta del consejo y el representante legal, el cual una vez “conformado y registrado puede comenzar el proceso de aplicación del título colectivo mediante un documento que explica las tradiciones, prácticas productivas y territorio donde reclaman presencia histórica”[5] (Vélez, 2009). Es así como los habitantes logran obtener mecanismos legales para proteger y ejercer autoridad en su territorio fomentando asimismo una forma de autogobierno. Actualmente Bahía Málaga comprende 5 consejos comunitarios: Juanchaco, Ladrilleros, La Plata, La sierpe y Puerto España Miramar. Sin embargo, basándose en  Vélez (2009), la cual cita a Ostrom (2005) a este paso le siguen 7 principios más los cuales permitirían el éxito de los regímenes de propiedad común en los cuales se hace el diseño de las reglas de acuerdo a condiciones ecológicas (manejo de recursos), arreglos en los que la decisión sea colectiva, monitoreo (el cual permita que la implementación de las reglas sea efectiva), sanciones graduales, mecanismos de resolución de conflictos y la presencia de múltiples niveles de gobierno e instituciones.

Recursos naturales y actividades económicas.

Para este trabajo nos centraremos en el consejo comunitario  de La Plata; éste se divide a su vez en 4 comunidades más pequeñas: La Sierpe, Miramar, Mangaña y La Plata.

El manejo de los recursos naturales en ésta región y en general en Bahía Málaga siempre ha sido motivo de desafíos para las comunidades debido a la clasificación de zonas de conservación en sus territorios. Las comunidades dependen principalmente de actividades económicas básicas de explotación de recursos como la pesca, y la explotación maderera. Para la comunidad, es necesario encontrar un mecanismo para su sustento económico a partir de estas actividades, permitiendo un impacto social positivo sin generar grandes impactos ambientales. Éste es uno de los principales retos para la gestión en Bahía Málaga y será el tema que se abarcará a continuación, enfocado principalmente en la actividad maderera y las personas que la realizan.

Se visitó La Plata durante 4 días y se tuvo la oportunidad de realizar entrevistas a tres líderes de la comunidad[6], de esta manera se logró investigar acerca de uno de los más grandes retos que presenta la comunidad. Dado que la mayoría de los miembros se encuentran enterados acerca del tema que se abarcará en este escrito, las charlas generadas con distintas personas ayudaron a tener una visión más clara del problema. Se desarrollaron también distintas actividades que permitieron un contacto con la comunidad, en nuestro caso la actividad fue desarrollada con la comunidad de los madereros ofreciéndoles capacitación en temas de contabilidad, estas actividades permitieron la visualización de este reto tan importante. De esta manera, el tener la oportunidad de visitar La Plata y La Sierpe, hablar con los miembros de ambas comunidades y observar sus actividades del día a día, permite un mejor acercamiento y entendimiento tanto del problema como de las perspectivas de la comunidad y su intención si bien viva y aguda por el desarrollo de la misma.

Asimismo, se indagó acerca de las figuras de conservación actuales de la zona: El Parque Natural Regional La Sierpe, la cual comprende 31.000 hectáreas de bosque pluvial tropical y selvas inundables, que de acuerdo con la declaratoria de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)[7], se convierten en Parque Natural Regional desde el 2008. El director de la CVC asegura que con la declaratoria se busca asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad biológica del sector[8]. También se encuentra el Distrito de manejo integrado (DMI) formalizado mediante el acuerdo del Consejo Directivo de la CVC[9] el cual promete, según los líderes entrevistados, la zonificación de áreas dedicadas exclusivamente a su conservación y otras destinadas a la tala para la comercialización. Y por último está el Parque Nacional Natural Uramba-Bahía Málaga el cual es exclusivamente marítimo y comprende 137.34 millas náuticas cuadradas, fue declarado el 04 de agosto de 2010[10]. Esta declaración como PNN ayuda a proteger la fauna, flora y diferentes recursos de la sobrexplotación. Por motivos de conservación, las actividades económicas autorizadas son limitadas, creando un conflicto entre la conservación y la subsistencia de las comunidades presentes en el área protegida.

De la misma manera, según el Código de régimen Interno de la Comunidad negra de la ensenada de Málaga y su Territorio Colectivo (2003) dónde se exploran los temas de manejo de los recursos naturales y el medio ambiente en el territorio, se especifica que las actividades que se han desarrollado tradicionalmente en el territorio se revalidarán o transformarán a partir de estudios e investigaciones participativas. El código deja muy claras las actividades que quedan prohibidas y que serán motivo de sanción por la reglamentación interna y las leyes nacionales del Estado Colombiano, entre estas se encuentran la pesca con red de atajo, los cultivos ilícitos y el corte comercial de madera sin permiso o licencia. El concepto tradicional de conservación es declarar un área protegida y prohibir todo tipo de actividad en estas zonas aparte de turismo e investigación y este es el caso de los dos Parques Naturales. Sin embargo, el DMI se encuentra como otra forma de conservación donde se busca conservar los recursos pero además seguir con las actividades económicas tradicionales indispensables para el desarrollo de la comunidad, como es el caso de la madera. Para clarificar y especificar qué actividades son permitidas, la comunidad elaboró un Plan de Manejo Integrado, lo que le daba un primer aval  por parte de la CVC a la comunidad para hacer uso de estos recursos. Luego de esto, la comunidad debe obtener un salvoconducto por parte de esta misma lo que permitiría la extracción y comercialización de una cantidad determinada de trozas de madera.

El proceso de extracción maderera actual.

Sin embargo, el uso que se le da a la madera, la cual resulta ser un recurso de uso común debido a su rivalidad e imposibilidad de exclusión (Ostrom, 2000),  ha evolucionado pasando de un uso para los mismos integrantes de la comunidad hacia la comercialización de ésta convirtiéndose en una fuente importante para el sustento económico. Esta evolución se ha debido en parte a la presión económica que enfrenta la zona, ya que al incrementar la comercialización de este producto, se espera un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. En tiempos menos recientes, a medida que la actividad evolucionaba, era necesario que los madereros comenzaran a buscar la manera de comercializar la madera. Esto implicaba nuevos costos y riesgos, por lo tanto dinero y contactos. Sabiendo que no podían competir con las grandes empresas de extracción por sus métodos artesanales, su falta de contactos y capital propio decidieron recurrir a intermediarios de Buenaventura. Los intermediarios brindaron los anticipos necesarios para sacar la madera y llevarla hasta Buenaventura. Esta oportunidad de comercialización y de conseguir recursos para sus necesidades, bajo la visión de Sen (2001), permitiría la generación de las libertades de oportunidad social de los madereros y la comunidad. Lamentablemente, el papel de estos intermediarios se convierte en “enganchadores” de los madereros debido a los  anticipos que ofrecen a los madereros, lo que les permite convertirse en su única fuente de capital. De esta manera, aprovechan su posición privilegiada para pagar un precio muy bajo por troza de madera, volviendo el negocio poco rentable.

Con el tiempo, el proceso se fue complicando aún más. Ahora, la falta de capital no era el único problema al que se enfrentaban los madereros. La CVC y la Base Naval de Bahía Málaga como autoridad han comenzado a ejercer un control estricto sobre la explotación maderera. Estos controles se han convertido en una traba para los madereros de La Plata ya que muchas veces su madera es clasificada como ilegal y es incautada, en muchos casos los madereros son llevados presos, debido a la falta de un permiso con el que no cuentan ya que no es otorgado a personas naturales. Los infantes de marina toman estas medidas por mandato de la CVC, sin embargo, los madereros sienten cierta oposición hacia esta medida ya que la toman como una traba a su proceso y no como una medida que en su naturaleza se supone que busca el bien de su comunidad. La razón principal que puede explicar este pensamiento de los habitantes, es la percepción de legitimad que ellos tienen de la CVC y por ende del estado, debido, en parte, al ‘olvido’ que sienten los habitantes de la comunidad por parte de este para el desarrollo de la comunidad. Siguiendo con lo anterior, el bajo precio, inconsistente con la cantidad de trabajo, los riesgos asumidos por los madereros,  y las trabas puestas por el estado, hace del negocio uno muy poco rentable y demasiado riesgoso, lo que ha llevado a un distanciamiento de las personas de esta actividad.

La falla del estado y la acción de la comunidad.

Como podemos ver, el proceso de extracción de madera está lleno de trabas, no está representando una gran utilidad para la comunidad y el estado poco ha hecho para cambiar esta situación.  A partir de las charlas con distintos miembros de la comunidad pudimos dar cuenta que la impresión de éstos es que el estado dedica la mayoría de sus esfuerzos hacia la conservación, por no decir que todos. La falla del estado radica en no saber interpretar adecuadamente las necesidades de la población. El consejo comunitario sabe que aunque es importante, la conservación no es lo único por lo que se debe abogar, el desarrollo económico que impulsaría el desarrollo social son también de gran importancia para ellos. Además, los líderes de la comunidad, Santiago, Carlos, Ferney entre otros tienen claro que no se pueden perder las prácticas tradicionales, y es necesario fortalecer los diferentes sistemas económicos. No obstante, la comunidad no puede depender enteramente del ecoturismo, o enteramente de la pesca, se debe buscar la diversificación de las actividades económicas para así asegurar un mejor desarrollo económico y social. Asimismo, como hace referencia Carlos en la entrevista realizada, las personas de la comunidad son lo que él denomina como “poli-activistas”, es decir, una misma persona puede realizar muchas actividades paralelamente: un día recoge piangua, y al otro día maneja la lancha para una de las actividades turísticas. La protección de estas características innatas de la comunidad y su cultura, así como el desarrollo social y económico, es lo que los líderes pretenden y buscan con fervor.

Como mencionan Besley y Ghatak (2004)[11], cuando el estado falla, otros actores salen a actuar como gestores de lo público. El consejo comunitario, consciente de la necesidad de afianzar la actividad maderera y percatado de que no es posible una respuesta del estado para que solucione todo, decide organizarse y empezar una acción colectiva para lograrlo. Es por esto que hace un año y medio nace la idea de la formación de una sociedad (asociación, grupo), en el sentido jurídico de la palabra, en busca de generar las condiciones para que la actividad permanezca en la comunidad.

La formación de la sociedad, cuyo nombre y forma jurídica aun no está decido, pretende unificar los madereros de las 4 comunidades: La Sierpe, Mangaña, La Plata y Miramar (estos últimos decidieron no participar en el proyecto ya que consideran que la extracción maderera es un tema muy complicado). Para la formación es necesario establecer con mayor claridad quienes son los individuos que se dedican a la extracción y comercialización de la madera. En estos momentos Carlos Andrés, uno de los entrevistados, estimó que el 50% de los habitantes de la plata se dedican a esta actividad, el 70% de la sierpe, el 10% de Miramar y el 50% de Mangaña, mostrando la importancia económica que esta actividad tiene. Asimismo, se estima un total de 42 madereros, de los cuales 27 están dispuestos a participar en la conformación de la sociedad. Como explicaron Carlos y Ferney en la entrevista realizada, ellos buscan que los 13 madereros restantes, con el tiempo, vean los beneficios que la agrupación traerá consigo y así terminen por unirse a la sociedad en algún momento. Los líderes de la comunidad entienden que la madera tiene un impacto económico, social y ambiental. Por lo tanto, la conformación de la sociedad no solo tiene fines económicos, sino también sociales y ambientales para lograr un balance entre estos tres aspectos.

Objetivos de la asociación.

Como fines económicos y logísticos, en primer lugar buscan organizarse colectivamente para poder eliminar el intermediario y así aumentar su margen de utilidad permitiendo el desarrollo económico de la comunidad. Segundo, por medio de la formalización, buscan eliminar las trabas causadas por la armada y la CVC  por falta de salvoconducto. Además  le están apuntando a la conservación de su cultura y tradiciones, que incluyen la extracción de la madera. A partir de la entrevista con Carlos notamos la iniciativa que presentan los adultos para que sus hijos continúen con la actividad, parte de su motivación nace de aquí, desean impulsar un plan que les genere mejores condiciones de extracción para generaciones futuras, ayudando de la misma manera a la conservación del medio ambiente que les ha permitido su subsistencia por muchos años.

Asimismo, la conservación y la sostenibilidad ambiental han sido temas de mucha relevancia en la comunidad desde sus inicios, su cultura les ha permitido cierta preocupación por el tema ambiental y más recientemente la declaraciones de las áreas protegidas generan cierta presión en continuar y promover nuevas medidas para el cuidado y preservación. Siendo una actividad tradicional, ya tienen establecidos ciertos parámetros de explotación que disminuyen el impacto ambiental. Según el código de régimen abierto, anteriormente citado, todos los habitantes del territorio colectivo son responsables de la protección y conservación de los recursos naturales, estos se preocupan por velar por su protección y por la formulación e implementación de políticas con la participación de todos los miembros, asimismo buscan fomentar la diversidad de los recursos naturales de modo que garantice la salud y la autonomía alimentaria de la comunidad. El parágrafo del artículo 45, del mismo documento, especifica que la junta del consejo en coordinación con el comité funcional competente, diseñará y propondrá a la comunidad en general mecanismos de protección ambiental, como vedas y establecimiento de zonas de reserva, para la coejecución con la autoridad técnica e institucional competente del estado.

La experiencia de llevar a cabo esta actividad durante 300 años aproximadamente y algunos estudios hechos, han demostrado que dada las particularidades de la zona, el bosque tiende a regenerase por sí solo, dificultando la reforestación común. En años recientes intentaron hacer una reforestación de los manglares la cual no generó resultados satisfactorios y desde hace aproximadamente 12 años la tala del manglar ha sido dirigida únicamente al uso doméstico debido al diverso ecosistema que encierra éste. No obstante, no han existido planes dirigidos hacia la parte continental del territorio a pesar de que se encuentren  dispuestos a colaborar con los planes de conservación que prometen las instituciones. Sin embargo, aunque el bosque se regenere solo, existen ciertas especies de madera que han sufrido una reducción en su número, es por esto, que las comunidades buscan orientar sus planes de conservación y reforestación. Como afirmó Santiago en la entrevista, se pretende realizar un inventario forestal, con la ayuda de la Universidad del Tolima, para saber con qué tipos de madera se cuenta exactamente y la cantidad disponible. Además se busca estudiar la posibilidad de explorar nuevas maneras de obtener ganancias del bosque por medio de recursos no maderables tales como bonos por servicios ambientales o guardabosques, sin embargo, es un tema que ha sido poco investigado por la comunidad.

La comunidad tiene claro que debe encontrar la manera de balancear los tres aspectos de la extracción maderera: económico, social y ambiental. Sus miembros están conscientes de que no se puede explotar un recurso sin tener en cuentas los impactos ambientales que este va a tener, pero que tampoco se puede abandonar una actividad tradicional tan importante para la economía de la comunidad, la cual en últimas permitirá el desarrollo económico y social, estimulando el crecimiento del ingreso y la distribución de beneficios. Estos tres aspectos de la actividad y la decisión sobre cómo manejarlo pueden ser analizados a la luz de Daniel Little (2003). Esta visión sobre encontrar un balance entre tres dimensiones de una misma actividad es lo que el denomina desarrollo sostenible. El autor desafía la noción de desarrollo como solo el crecimiento del PIB y es este nuevo concepto de desarrollo el que lo madereros pretenden buscar con la creación de esta asociación, aumento de las utilidades. El fin último de los habitantes de la comunidad es el progreso de la sociedad, se encuentran conscientes de que el progreso debe ser sostenible, el cual solo se logra teniendo una visión completa de los múltiples aspectos en los que se debe trabajar para lograr un verdadero desarrollo y progreso.

Los actores y su relación.

 

Al ser un territorio colectivo y de conservación, la idea de emprender un proyecto productivo es un poco más complicado que en situaciones normales en gran parte por los diferentes actores que se relacionan. Por una parte tenemos al estado que está presente como gestor de lo público de varias maneras: con la declaración de la ley 70 y la declaración de las diferentes figuras de conservación, el estado busca proteger los recursos de la zona. Asimismo, actúa como ente regulador al crear instituciones como la CVC para ejercer el control pertinente para garantizar una conservación adecuada. Pero la falta de legitimidad que esta institución posee a causa de la poca presencia en la zona como mencionamos anteriormente, lleva a que estos sean vistos más como trabas y no como ayudas.

Como vimos anteriormente, la ley 70 les otorgó el derecho a la propiedad colectiva y así el derecho a conformar un consejo comunitario, nuestro segundo actor pertinente. El consejo comunitario de La Plata está conformado por todas las personas que habitan en las 4 comunidades. El consejo comunitario está liderado por una junta, cuyo rol principal es defender los derechos del consejo comunitario y trabajar por el desarrollo económico y social de éste, además, es visto por la comunidad como la autoridad máxima en la zona que no solo dicta las reglas y ordenes, sino que está en constante búsqueda del progreso para la comunidad.

Como se mencionó anteriormente, la comunidad liderada por la junta, al ver la poca presencia del estado y rehusados a quedarse con los brazos cruzados, deciden emprender una acción colectiva para impulsar el desarrollo de la zona y es así como se crea el tercer actor pertinente: la asociación de madereros. Es importante aclarar que la acción colectiva que aquí se llevó a cabo, de acuerdo a Besley & Ghatak (2004) ha de ser más efectiva a causa de ciertas características de la comunidad: es una comunidad pequeña, en la que todos son conocidos, existe una estructura social fuerte, mucha confianza, homogeneidad y hay repetición en las interacciones por lo que facilita la creación de la acción colectiva y hace de ésta una más efectiva y eficaz.

Cada actor tiene roles diferentes a ejercer durante este nuevo proyecto que se está llevando a cabo. La CVC debe seguir como ente regulador y de control ya que, aunque la comunidad vea a este como una traba principalmente, este resulta ser crucial para proteger la biodiversidad de la zona y la sobreexplotación de los recursos dadas las figuras de conservación que existen en la región. El consejo comunitario y la junta deben seguir trabajando por la creación exitosa de la nueva asociación sin descuidar los otros temas de desarrollo importantes para la comunidad. Una vez creada la asociación, (la cual por si sola ya es un reto dada la complejidad de su funcionamiento en Bahía Málaga debido a las consecuencias que trae la adquisición del título colectivo dónde todos son dueños de los recursos de la zona), la junta deberá servir como un ente de control para asegurarse que ésta cumpla con su objetivo principal: lograr un balance entre el desarrollo económico, social y la conservación ambiental entendiendo la multidimensionalidad del desarrollo.

A pesar de que cada actor tiene sus roles específicos, existe una situación desafiante para la comunidad dadas las particularidades organizativas de la zona: el título colectivo y el consejo comunitario como autoridad. Esta situación es la relación que tendrá que existir entre el consejo comunitario con la asociación. El concepto de empresa apenas está empezando a surgir en la comunidad con la creación de Ecomanglar (nombre que piensan ponerle a la asociación). Esto significa la creación de un actor completamente nuevo que deberá ganar legitimidad para con la comunidad y demás actores. Si la relación actual, antes mencionada, entre la CVC y el Consejo no era particularmente sencilla, la entrada de este nuevo actor implica una mejor coordinación entre éstas para lograr un buen desarrollo del proceso. Los líderes y emprendedores del proyecto están conscientes que están utilizando un recurso que es de toda la comunidad (recurso de uso común), por lo que los ingresos deben tener un impacto en toda la comunidad. Por lo tanto, se busca que parte de las ganancias de la sociedad, sean entregadas al Consejo Comunitario (en forma de impuesto), para la realización de obras sociales que redistribuya los ingresos en la sociedad, generando a su vez equidad de beneficios  y una garantía de que el recurso le pertenece a todos los miembros. De la misma manera, luego de formada la empresa deben garantizar el funcionamiento de ésta la cual debe abarcar las tres dimensiones mencionadas. Como muy acertadamente mencionó Santiago y luego Carlos: Todos proyecto debe ser económicamente rentable, socialmente estable, y ambientalmente sostenible.

No obstante, existe un cuarto actor que aunque no esté muy presente actualmente en la zona, en las diferentes entrevistas los líderes mencionaron constantemente la importancia de este y su deseo de aumentar su participación: las instituciones externas, estas abarcan universidades, ONGs y asociaciones ambientales. Son muy pocas las instituciones que se han acercado para la ayuda de la misma entre ellas como se mencionó anteriormente se encentra La Universidad del Tolima, la cual ayudó a realizar un inventario forestal y La Universidad de los Andes que con la ayuda de la profesora María Alejandra Vélez se ha encargado de la capacitación para los miembros con el fin de generar una ayuda para la conformación de la empresa la cual promete importantes soluciones ya mencionadas. Sin embargo, la comunidad y la junta saben que la intervención de más instituciones externas sería de gran ayuda para lograr una formación de la asociación exitosa por medio de capacitaciones y entrega de información necesaria para el proceso.

 

Conclusión

Es importante mencionar que la idea de las actividades que se desarrollaron en la zona durante la visita (en nuestro caso ofrecerles capacitación en temas de contabilidad), fue presentarles herramientas que pudieran ser clave para la conformación de la empresa y observar la rentabilidad que les generaría la misma. Con el desarrollo de esta actividad pudimos darnos cuenta de la dificultad del proceso en la conformación de la misma, además de las trabas en cuanto al capital, la capacitación y la falta de información que se ha mencionado como los principales problemas que enfrenta la comunidad para poder asumir el reto de suplir sus necesidades económicas, se deben desarrollar sin generar impactos ambientales en una zona con tanta riqueza. Las presiones por ambos lados generan una preocupación para los habitantes ya que observan pocas salidas y optan por abandonar la actividad sin muchas opciones para evaluar una nueva fuente de sustento económico.

Es así como el reto se reduce a encontrar un balance entre continuar con la actividad, eliminando las múltiples trabas que ésta presenta en el momento y que fueron expuestas anteriormente, y la conservación del ecosistema el cuál es muy importante en un mundo donde el desarrollo económico se ha visto priorizado afectando recursos naturales. Es importante e interesante mencionar la impresión que se logró observar para que esta actividad siga funcionando, para la comunidad, más que un sustento económico es parte de su cultura; fácilmente como lo mencionaba Carlos los habitantes de la comunidad podrían encontrar la manera de irse a Buenaventura y buscar nuevas oportunidades que les permitieran mayores ingresos; sin embargo, el compromiso por sacar la comunidad adelante genera una sensación de admiración.

 

BIBLIOGRAFIA.

  • Vélez, María Alejandra.  Sistemas complejos de gobierno local : reflexiones sobre la titulación colectiva en el Pacífico vallecaucano. Revista de Estudios Sociales. Bogotá. No. 32 (Abr. 2009) p. 74-85.
  • Vélez Lesmes, María Alejandra, Juan Carlos Rocha, Pablo Andrés Ramos. Titulación colectiva en el Pacífico vallecaucano : manejo del territorio y los recursos naturales. Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Ediciones Uniandes, 2009. 32 p. http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/q7HBhthPV0/GENERAL/274960028/18/XPER/XTITLE/Sistemas+complejos+de+gobierno+local+:
  • Articulo 55 de 1991. Recuperado en línea el día 12 de septiembre de 2012. EN:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/linea-de-tiempo/articulo-55-constitucion


[1] Bahía Malaga. Recuperado el día 12 de septiembre. En línea. EN: http://bahiamalaga.org/

[2] Entendidos como territorios dentro de los limites del territorio nacional que pertenecen al estado y que carecen de otro dueño.

[4] ley 70, Artículo 10

[6] Realizadas a Carlos Andrés, Santiago y Ferney. Los cuales se encuentran muy enterados del tema de los madereros. Carlos Andrés por su lado ha sido maderero toda su vida y hace parte del consejo comunitario como uno de los líderes interesados en la conformación de la empresa. Santiago miembro del consejo de la plata, se encuentra muy enterado de los temas de conservación y Ferney, muy interesado y pendiente del proceso para la conformación de la sociedad, pendiente de los retos que presentan los madereros.

[7] Corporación pública (regional) que busca Ejercer la autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible desde la dimensión ambiental, en armonía y coordinación con los distintos actores sociales del departamento del Valle del Cauca y áreas de influencia

[8] Parque Natural Regional La Sierpe. Recuperado el día 10 de octubre de 2012. En linea. EN: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4462291

[9] Distrito de manejo integrado. Recuperado el día 10 de octubre de 2012. En linea. EN: http://www.parquesnacionales.gov.co/…/SintesisBahaMlagapginaweb.doc

[11] Besley & Ghatak (2004) Public Goods and Economic Development

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